Los ataques causaron la muerte de al menos cuatro personas, lesiones a un número aún no determinado y daños materiales a equipos e instalaciones de servicio público.
Los gobernadores de los estados Aragua, Carabobo, Zulia y Anzoátegui, así como residentes del estado Miranda denunciaron públicamente el ataque que se realizó a CDI de esas entidades, aunado a agresiones verbales al personal que allí labora.
Asimismo, la oleada violenta cobró dos vidas humanas en La Limonera, Baruta, estado Miranda, y en Táchira, donde un joven fue asesinado al recibir tres impactos de balas en la espalda tras discutir con grupos armados antichavistas, en el municipio Córdoba.
También fueron asediadas sedes regionales del CNE y fueron vulneradas Petrocasas en Carabobo, simoncitos en Anzoátegui y abastos Bicentenario, Mercal y Pdval en Táchira y otras entidades.
Los ataques también se focalizaron en casas del PSUV en los estados antes mencionados, así como en Sucre y Barinas.
Los medios de comunicación del Estado también fueron víctimas de las agresiones. Grupos de choque del Movimiento 13 y Primero Justicia agredieron este lunes en Mérida a tres periodistas de la emisora YVKE Mundial y de la Agencia Venezolana de Noticia (AVN) que cubrían una manifestación a favor de Capriles.
En el Distrito Capital, las sedes de Telesur, la Radio del Sur y Venezolana de Televisión también fueron asediadas por estos grupos de choque, que venían cargados de gritos, improperios y actitudes amenazantes.
En la Gran Caracas, una manifestación antichavista trancó el distribuidor Altamira, municipio Chacao, mientras otros activistas hostigaron las residencias de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena; y de William Izarra, dirigente revolucionario y padre de Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación e Información.
Representantes gubernamentales de las regiones y el presidente de la República, Nicolás Maduro, responsabilizaron de estas y otras acciones al candidato derrotado, Henrique Capriles, quien se niega a aceptar los resultados del CNE y desconoce la legitimidad de las instituciones del Estado.
AVN/SIBCI