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Las familias afectadas aún no tienen una respuesta del Gobierno sobre la ejecucion de la sentencia del TSJ 1632 del año 2006 y ratificada en el 2007
De acuerdo a información preliminar, se pudo conocer que la averiguación adelantada por los diputados Hiram Gaviria, Hugo Sosa, Lesbia Castillo, Vestalia Sampedro y Manuel Briceño solicitará a la Fiscalía General que inicie una investigación "a los fines de establecer las responsabilidades institucionales e individuales por los daños patrimoniales ocasionados, relacionados con las decisiones y permisologías que avalaron la ocupación de las tierras aledañas al Lago de Los Tacarigua; la urbanización de áreas cuyo uso disponía otras opciones, debido a los riesgos inherentes a su localización y el asentamiento de las comunidades hoy afectadas en su patrimonio familiar".
La crecida del reservorio de agua ha afectado los urbanismos de La Punta, Mata Redonda y Santa Rosa en Maracay obligando a centenares de familias abandonar sus casas. De igual modo, está incidiendo en vastas zonas del estado Carabobo, mayormente en terrenos cultivables, y afectando la vialidad.
Ineficiencia oficial
Entre los diversos aspectos del documento resalta que no se ejecutaron obras, aprobadas en 1999, demora que coadyuvó al paulatino aumento de la cota del lago.
En ese tenor, los legisladores concluyen, y exigen, la construcción de las obras decretadas por el Ejecutivo Nacional en los años 1999: Decreto Nº 497, 2005; Decreto Nº 3.498; 2001 y 2012 para prevenir inundaciones, mejoramiento de las plantas de tratamiento de los Guayos, La Mariposa y Taiguaiguay, así como las plantas de potabilización Alejo Zuloaga y Lucio Baldó.
Otros de los proyectos autorizados, pero no concluidos, fueron los colectores de Maracay y Valencia, y la construcción de viviendas para reubicación de las familias afectadas. De igual modo, los diputados alertan sobre la necesidad de "culminar las obras para la reparación y fortalecimiento del viaducto de La Cabrera".
En noviembre de 2011 el Presidente Hugo Chávez autorizó la creación del Estado Mayor de Contingencia para atender la emergencia del Lago de Valencia que inició operaciones con 162 millones de bolívares. También se declaró zona de emergencia a los Municipios Giradot, Linares Alcántara, Zamora, Libertador y Sucre, en Aragua, con el fin de agilizar los trámites administrativos para efectuar obras, adquisiciones y tomar medidas destinadas a preservar la vida y los bienes de las personas.
Por último, los parlamentarios solicitan una reunión con el Vicepresidente Ejecutivo y funcionarios el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, "a los fines de evaluar, los mecanismos más expeditos y el financiamiento requerido para solventar la situación de los sectores y familias más afectadas, particularmente en los sectores de La Punta y Mata Redonda", para su pronta indemnización.